En esta nueva edición de Jornadas se realizó, por primera vez el Seminario Regional Antipiratería en el que Federico Fornelli, presidente de ATVC, dijo que la piratería es una actividad criminal organizada que impacta en todo el ecosistema y pone en riesgo la privacidad de los usuarios.
Sergio Veiga, presidente de Cappsa, destacó que la piratería de contenidos no solo afecta económicamente a la industria, sino que es un problema que afecta a toda la cadena de valor: a los creadores de contenidos, a los distribuidores y a los ISP que ven saturadas sus redes con contenido ilegal.
PRIMER PANEL
Durante el primer panel del seminario, denominado Piratería: un negocio que trasciende fronteras, Jimena Municoy de Fabric Data Company aportó datos de un estudio realizado sobre el dimensionamiento de este flagelo.
Precisó que la industria pierde US$480 millones: US$100 millones son pérdida para el Estado, mientras que US$580 millones son de pérdida anual total y que cuatro países de Latinoamérica conforman el top 10 de mayor consumo de piratería: Uruguay, Colombia, Paraguay y Perú.
Alejandro Amendolara, abogado asesor de Cabase, afirmó que el combate a la piratería es una tarea central y explicó que cuando el usuario accede a servidores alojados en el exterior del país, genera un mayor tráfico de datos internacionales y pérdidas directas para el ISP.
Pablo García de Castro, director Regional Cono Sur de Asiet, aseguró que la piratería de contenidos audiovisuales sigue siendo un fenómeno creciente.
“La oferta legal se ha expandido, pero, a pesar de ello, la piratería crece de diversas formas. La cadena de valor se ve afectada y, más allá de números, son empleos, personas y desarrollos profesionales que se quedan en el camino por este flagelo”.
De acuerdo a un informe de la entidad, 3 de cada 4 de los sitios relevantes de consumo ilícito se repiten en la región por lo que no se trata de iniciativas individuales, sino que es una industria ilegal organizada a nivel internacional con marcas reconocibles.
“Queremos estudiar este negocio que cuenta con publicidad y clics que le generan ingresos. La ganancia de este negocio ilícito supera los US$2 mil millones a nivel regional, con vinculación a otros delitos”.
Más tarde, Carlos Martins, de Randy Labs, señaló que el combate a la piratería, mediante formas manuales o humanas, ya es imposible, por lo que el uso de la IA en este combate es una herramienta fundamental”.
Ignacio Estrada, director de Relaciones Estratégicas de Lacnic, realizó una presentación de la entidad y expuso sobre los riesgos en la aplicación de los bloqueos de sitios.
SEGUNDO PANEL
En el segundo panel, denominado Pasar a la acción en defensa del contenido legal Nicolás Novoa, abogado consultor de Artear, señaló que padecen la piratería dedistintas formas. “Nos ocurre en países limítrofes donde se toma nuestra señal y la distribuyen a sus abonados sin pagar por ello. En Internet se da la modalidad de tomar nuestros contenidos y los emiten en un canal propio de YouTube”.
Luego, Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, detalló que, en el marco de una investigación, se descubrió que una de las organizaciones criminales tenía 6,2 millones de clientes pagos en la región. Esta misma organización buscaba acceso a las redes y dispositivos de los clientes, con lo cual no se trata sólo de delitos de propiedad intelectual.
Para Víctor Portillo, abogado de La Liga LatAm, el bloqueo de direcciones IP es una solución efectiva para los contenidos en vivo. “En España comenzamos a hacer bloqueos desde hace cuatro años y bajamos la piratería en torno de un 60%”, dijo.
Francisco Berdaguer, abogado consultor de Red Intercable, se refirió al plan de acción desarrollado por la entidad. En este contexto, explicó que la estrategia es, en primera instancia, disuasiva. Trabajamos muy fuerte también en la concientización sobre la ilegalidad y el riesgo que implica el consumo de estos contenidos”.
TERCER PANEL
En el tercer panel, denominado La Justicia y la acción efectiva contra la piratería, Gonzalo Auguste, Juez Federal Civil y Comercial del Poder Judicial de la Nación, precisó que en todo lo que está relacionado con Internet y cómo funciona el sistema, es el Fuero Federal el que tiene que intervenir y agregó que lo urgente y necesario es bloquear para evitar la continuidad del daño.
Matías Ocariz, Fiscal Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, remarcó la necesidad de voluntad política de persecución y leyes más duras, contra la piratería. De acuerdo con su visión, el bien jurídico a proteger es la seguridad informática; el ciberfraude es la tercera economía mundial.
Diego Lugo, analista de Información en Delitos Asistidos Tecnológicamente de Ufeic, indicó que hay dos formas de infringir la Ley de Propiedad Intelectual: apuntando a los sitios webs o las aplicaciones. Dependiendo de cuál sea la modalidad, definen la acción.
CIERRE DEL SEMINARIO
El cierre del seminario, titulado Construir un frente común en defensa del sector y los usuarios estuvo a cargo de Carolina Bertola, Jefa Asuntos Penales, Delitos Informáticos y Antipiratería de Telecom Argentina, quien detalló las acciones realizadas por la empresa.
“Presentamos denuncias penales para desalentar este tipo de prácticas, ya sea en el fuero Federal por uso indebido de marcas y/o fueros ordinarios por estafa por estelionato”.
Además, aseguró que ese tipo de acciones delictivas no sólo afectan la calidad de la red y la seguridad de los usuarios, sino también las inversiones que la empresa realiza en infraestructura y contenidos. Desde 2022 han invertido US$2,6 millones para dar seguridad a la CDN de Flow.
“Venimos combatiendo el delito y trabajamos en conjunto con las autoridades. Estamos de acuerdo con los bloqueos, pero no son suficientes. Tenemos que animarnos a ir a buscar al que trae los contenidos, que está fuera del país, no nos quedemos solamente con la responsabilidad de los ISPs”, finalizó.
