TELEVISIÓN

Human Rights Watch pide a Chávez que cese investigación contra canales

2 de julio de 2003

José Miguel Vivanco: Excesivas restricciones

En una carta dirigida al presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez, el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pide a miembros de su gobierno que retiren la investigación pendiente contra los cuatro canales de TV abierta de mayor importancia del país: RCTV, Televen, Venevisión y Globovisión. Durante el reciente paro nacional, el Ministerio de Infraestructura (Minfra) de Venezuela abrió procedimientos contra los cuatros canales para intentar aplicar el Reglamento de Radiocomunicaciones, cuyas normas, según la misiva de Vivanco, “violan abiertamente principios fundamentales sobre la libertad de expresión protegidos por los tratados de derechos humanos ratificados por Venezuela”. También destaca que el proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión o Ley Mordaza que intenta aprobar la Asamblea Nacional venezolana es violatorio de los derechos humanos para la organización. Según el documento, la aplicación de este instrumento legal impondrá graves restricciones a los medios de comunicación audiovisuales y vulneraría normas fundamentales de cualquier sociedad abierta y democrática. El proyecto contempla la prohibición de transmisión que contenga “información falsa, engañosa o tendenciosa”. La OEA ha concluido que esta prohibición es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque “el derecho a la información abarca toda la información, inclusive aquella que, por oposición a veraz, pueda ser ‘errónea’, ‘no oportuna’ o ‘incompleta’, dado que justamente el debate amplio e intercambio de ideas es el método apropiado para la búsqueda de la veracidad de la información”. Las prohibiciones de “mensajes, discursos, prédicas y conferencias en los cuales se incitare a la rebelión o al irrespeto de las instituciones y autoridades”, y la “incitación al irrespeto” representan para Human Rights Watch un concepto anacrónico “que no tiene cabida en una sociedad democrática”. Las restricciones que se impondrían supuestamente para proteger a los niños frente a programas perjudiciales para su bienestar, al igual que las disposiciones destinadas a salvaguardar el orden público y el imperio de la ley han sido consideradas excesivas en la carta.La prohibición de la transmisión de contenidos que puedan ser perjudiciales para los niños por su lenguaje ofensivo o de contenidos sexuales y violentos tiene que ser compatible con el derecho del niño a la libertad de expresión, lo que presume libertad de buscar, recibir e impartir información e ideas. Los padres o responsables legales, y no el Estado, tienen la “responsabilidad primordial” de la crianza y el desarrollo del niño, remarca la misiva.De acuerdo con el proyecto, se impondrá una multa de 582 millones de bolívares (al valor actual) al canal de televisión que transmita “mensajes que atenten contra la formación integral de los niños, niñas y adolescentes” y sus emisiones se suspenderían durante un plazo de hasta 72 horas si cometiera una segunda infracción antes que hayan transcurrido tres años desde la comisión de la primera. La imposición de una segunda suspensión cuando no hayan transcurrido cinco años desde la primera podría conducir a la pérdida de la licencia de emisión. Human Rights Watch se opone firmemente a que se imponga a los medios audiovisuales la obligación de revelar sus fuentes de información, como se contempla en la propuesta de ley con respecto a los programas de noticias, opinión y educativos. “La política editorial de cada canal sobre sus fuentes es una materia de la exclusiva responsabilidad de sus profesionales, en la que no puede intervenir de ninguna manera el Estado”.