La Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión destaca el derecho de las audiencias a recibir una programación plural
Los derechos de las audiencias han sido piedra angular de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) desde su promulgación en 2014. Esta legislación reconoce como fundamentales el acceso a contenidos diversos, la distinción clara entre opinión e información, y la protección de grupos vulnerables como niñas, niños y personas con discapacidad.
Entre los puntos clave del Artículo 256 de la LFTR, destaca el derecho de las audiencias a recibir una programación plural, que refleje el espectro ideológico, político, social y cultural del país. Asimismo, se garantiza que la publicidad esté claramente separada del contenido editorial y que se respeten los horarios destinados a la audiencia infantil.
Otro aspecto crucial es la obligación de los concesionarios de radio y televisión de contar con un defensor de las audiencias, quien funge como mediador entre el público y los medios. Además, los concesionarios deben tener un código de ética que rija sus compromisos hacia los usuarios.
También se contempla el derecho de acceso a los contenidos para personas con discapacidad mediante herramientas como el subtitulaje, la lengua de señas mexicana y la audiodescripción. La ley actual otorga la supervisión de estos derechos al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo.
El reto para los concesionarios está en encontrar un equilibrio entre lo que pide el mercado y lo que marca la ley. En cuanto a su relación con el rating, este continúa siendo una herramienta válida para medir qué funciona y qué no, pero no debería ser el único criterio para decidir qué no debe anteponerse al derecho ciudadano a recibir contenidos diversos, incluyentes y respetuosos. Cumplir con los derechos de las audiencias también puede ser una estrategia de largo plazo que fortalezca la relación con el público y genere confianza, algo clave en un entorno tan competitivo como el actual.
En el contexto actual, estos derechos podrían enfrentar una transformación. El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó recientemente una propuesta de reforma a la misma ley, que ha generado un amplio debate en la industria de medios y telecomunicaciones.
La propuesta contempla la creación de una nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), bajo control del Poder Ejecutivo, que sustituiría en funciones clave al IFT. Entre sus facultades estaría la capacidad de bloquear plataformas digitales por presuntas violaciones legales, aunque sin detallar de forma precisa los criterios para hacerlo.
Además, la iniciativa busca prohibir la transmisión en medios mexicanos de propaganda política, ideológica o comercial proveniente de gobiernos extranjeros, salvo que tenga fines culturales o turísticos. Esto responde a la polémica generada por la difusión en TV nacional de anuncios del presidente estadounidense Donald Trump con mensajes anti inmigrantes.
Diversos sectores de la sociedad civil, la industria y la oposición han señalado que esta reforma, aunque con intenciones legítimas, podría abrir la puerta a mecanismos de censura o afectar la libertad de expresión. Ante las críticas, la presidenta Sheinbaum ha manifestado su disposición a revisar los puntos más controvertidos de la propuesta antes de su votación en el Congreso y por ello, la propuesta de cambio a la ley está detenida.
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