En el marco de Jornadas Internacionales 2026, referentes del ámbito judicial, las telecomunicaciones y la industria audiovisual analizaron el papel de la Justicia y las herramientas disponibles para combatir la piratería, un fenómeno que afecta los derechos de propiedad intelectual, la actividad económica, el desarrollo de los servicios legales de contenidos y la seguridad digital de los usuarios.

La batalla contra la retransmisión ilegal de transmisiones deportivas y señales de televisión paga alcanzó un punto de inflexión histórico. Tras años de crecimiento ininterrumpido del consumo ilícito, especialistas de la industria presentaron cifras que muestran, por primera vez, una retracción en el uso de servicios piratas en América Latina, apalancada en medidas cautelares rápidas, cooperación transfronteriza y un cambio de enfoque en la Justicia. En Argentina fue del 15%, mientras que en el resto de la región alcanzó el 7%.

“El desafío más grande que existe en aquellos que tenemos derechos deportivos es el defender el valor de un derecho cuyo valor sustancial está en los 90 minutos del vivo. Eso nos diferencia con cualquier otra estrategia de protección de cualquier otro tipo de contenido”, dijo Mariana Oteiza, directora sénior de Legales de TNT Sports/HBO Max, Skydance.

Explicó que, ante la lentitud de ciertas regulaciones locales, la industria recurrió a herramientas de legislaciones foráneas y al trabajo colectivo. “Identificamos una carencia de regulación local que nos de herramientas de protección más eficaces y rápidas, y definitivamente el mayor logro que se ha obtenido es a través de los esfuerzos en conjunto: industria a través de la cámara”.

En esa línea, remarcó la importancia crucial de los bloqueos dinámicos en tiempo real durante los partidos. “Es un elemento que ya está probado a nivel mundial, que sirve y es una herramienta que complementa el combate contra la piratería. Todos los esfuerzos que se han realizado durante los 90 minutos de un partido en vivo demuestran una alta eficiencia en todas las medidas de enforcement, pero nos encontramos siempre con las dificultades y los impedimentos de poder realmente bajar a tiempo los streams y los servicios que nutren a las apps”.

Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, aportó datos cuantitativos elaborados junto a la consultora Fabric que confirman un cambio de escenario.

“Hace cuatro años que estábamos hablando del tema y hace cuatro años que decíamos: ‘la piratería crece’. Salvo Brasil, que tuvo una gestión excelente y sistematizada en el combate, el resto de los países era creciente. Esta vez tenemos un cambio: es la primera vez que hay una disminución».

Bacaloni atribuyó este logro a una articulación basada en dos ejes centrales: bloqueos preventivos y causas penales. “Esto no viene de la nada; viene de mucho trabajo que se viene haciendo en dos frentes: los bloqueos y las acciones penales. Fundamentalmente en cómo mostramos el problema y cómo las autoridades empezaron a entender su dimensión y su impacto social. Ya no es un problema netamente de la industria; la piratería es un problema social”.

Ambos expositores coincidieron en derribar la idea de que los sitios piratas operan como benefactores del acceso libre al contenido.

“No estamos frente a Robin Hoods; estamos frente a personas que están formadas y que tienen toda una red de recursos que se ubican en jurisdicciones donde no hay protección y es muy difícil de llegar. Vemos la problemática de los TV boxes como algo de lo que realmente hay que ocuparse: falta regulación en la homologación de los equipos que ingresan al país, más allá de los esfuerzos de secuestros y bajas de sitios publicitarios”, dijo la ejecutiva.

Bacaloni profundizó sobre el entramado económico e ilustró el funcionamiento de estas organizaciones ilegales exhibiendo imágenes de operativos judiciales recientes en la Ciudad de Buenos Aires.

“Son grandes corporaciones. Allanamos cuatro oficinas relacionadas con cinco empresas que prestaban servicios de piratería en Buenos Aires, en articulación internacional con otros países. Su mercado principal era Brasil: tenían 4,6 millones de clientes pagos y 6,2 millones de clientes a nivel mundial”.

El especialista expuso cómo estas operaciones montan negocios millonarios revendiendo cajas importadas masivamente con interfaces modificadas: “Todos los piratas monetizan el contenido, tanto en páginas web con publicidad como estas personas que facturan sumas millonarias. Estas cajas infectan los hogares: traen malware, roban datos, piden permisos abusivos para activar cámaras o micrófonos, se conectan al Wi-Fi de forma autónoma y acceden a información en la nube. Tienen todos los permisos en una red hogareña donde conviven muchas personas”.

Para cerrar, Bacaloni repasó casos testigo como la histórica Operación Tarjeta Roja durante el Mundial de Fútbol, los bloqueos judiciales a sitios emblemáticos como Fútbol Libre, Al Ángulo TV y Magis TV, y la incautación de dominios internacionales coordinada con EE. UU. Asimismo, destacó modelos pioneros en la región como Indecopi en Perú, Arcotel en Ecuador y URSEC en Uruguay.

PANEL LA JUSTICIA Y LA ACCIÓN EFECTIVA CONTRA LA PIRATERÍA

Este panel reunió a Sergio Piris, gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos Antipiratería y Requerimientos Judiciales de Personal; Horacio Juan Azzolín, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI); Víctor Hugo Portillo, Legal Counsel de LaLiga Latin America; y Francisco Berdaguer, abogado y asesor de Red Intercable en temas de piratería.

Piris, en su intervención destacó, “en Personal llevamos adelante una estrategia permanente de lucha contra la piratería, con investigaciones y acciones penales en distintos puntos del país. Nuestro objetivo es proteger los contenidos de Flow y también a los usuarios, que al acceder a plataformas ilegales pueden exponer sus datos personales y comprometer su seguridad digital. Como compañía que ofrece contenidos y servicios de conectividad, creemos que es fundamental abordar esta problemática de manera integral, con herramientas efectivas que permitan combatir la distribución ilegal de contenidos y, al mismo tiempo, preservar el funcionamiento de las redes de comunicaciones”.

Por su parte, Azzolín abordó la perspectiva judicial y el trabajo de la UFECI, “La acción realizada sobre Tarjeta Roja y Magis TV fue un modelo regional que tuvo resultados concretos focalizados en el mundial. Además, crean un efecto disuasivo en este tipo organizaciones delictivas. En Argentina estamos viendo una disminución de determinadas modalidades de piratería, como resultado de investigaciones y acciones judiciales que tuvieron un impacto importante sobre estas organizaciones. El desafío es avanzar más allá del bloqueo de contenidos, identificar a quienes operan estas redes ilegales y actuar sobre su infraestructura. Para eso, la colaboración del sector privado es fundamental, tanto por su conocimiento técnico como por la información que aporta a las investigaciones”.

Víctor Hugo Portillo, en representación de LaLiga Latin America, hizo énfasis en que “la lucha contra la piratería de contenidos deportivos beneficia a toda la industria audiovisual. Desde LaLiga trabajamos junto con las autoridades de distintos países para proteger los derechos de transmisión y combatir la distribución ilegal de contenidos. Es fundamental seguir fortaleciendo la cooperación entre los distintos actores del sector para desarrollar estrategias efectivas que contribuyan a reducir la piratería y promover el acceso a las plataformas legales”.

Finalmente, Francisco Berdaguer, abogado y asesor de Red Intercable, aportó la perspectiva de los operadores PyMes y se refirió a que “apuntamos a campañas de concientización, de publicidad, para crear conciencia contra la piratería. El esfuerzo ha dado como resultado la baja de la piratería este año. Tenemos que continuar el trabajo conjunto entre todos los actores del ecosistema y evitar la constante depredación. Lamentablemente los tiempos de la justicia no son los tiempos que los actores del sector pueden esperar. Desde Red Intercable lo que se tiene es un protocolo de actuación que trabaja de forma directa sobre este tema. En el interior es evidente que faltan recursos para una problemática que requiere un respuesta inmediata”.

El panel puso en agenda la importancia de fortalecer la articulación entre la Justicia, los organismos especializados, las empresas de telecomunicaciones y los titulares de derechos para avanzar en acciones efectivas contra la piratería y proteger el desarrollo de los servicios legales de contenidos.

La agenda antipiratería de las Jornadas Internacionales 2026 incluyó otros dos espacios dedicados a esta problemática: Logros y desafíos para proteger el contenido deportivo y Buenas prácticas en defensa de la industria, en los que referentes del sector compartieron avances, experiencias y estrategias de cooperación para combatir la piratería audiovisual.

BUENAS PRÁCTICAS EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA

El intercambio también permitió conocer experiencias internacionales y herramientas regulatorias para reducir la circulación de dispositivos y servicios ilegales.

Marcel Fleury, coordinador de Fiscalización de Anatel, presentó las principales líneas de trabajo de Brasil: “Anatel impulsa un plan integral de combate a la piratería en Brasil, con la incautación de millones de dispositivos, y el uso de IA para atacar la comercialización electrónica de equipos irregulares. También avanzamos en requisitos de homologación y ciberseguridad para proteger a los usuarios, elevar los costos operativos de las redes ilegales y reducir la confianza en estos servicios”.

Para finalizar, Pedro Bentancourt, VP de Asuntos Externos, Económicos y Regulatorios de Waiken ILW, dijo que desde la compañía trabajan de manera coordinada con distintas entidades de toda Latinoamérica. En ese marco, junto con otra organización regional y con el apoyo de las autoridades argentinas, lanzarán un manual de apoyo para las autoridades judiciales.

Bentancourt también puso como referencia la experiencia brasileña en materia de bloqueos: “Allí se realizan bloqueos masivos pese a contar con entre 18.000 y 19.000 proveedores de Internet, sin perjudicar sus negocios. Debemos tomar estas experiencias como referencia”.