Canacine advierte que resolución del IMPI en el caso Todo a la luz amenaza la producción de documentales y biopics en México

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por los efectos negativos y la incertidumbre jurídica que el reciente criterio adoptado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podría generar en la industria audiovisual mexicana. Esto tras la resolución que exige autorización previa para el uso de la imagen de figuras públicas, a raíz del caso del libro Todo a la luz.

Según Canacine, la resolución del IMPI trasciende el sector editorial. La misma representa un riesgo directo para la producción audiovisual en el país, en particular para el desarrollo de documentales, series biográficas y producciones basadas en acontecimientos históricos o en asuntos de interés público.

PROTECCIÓN AL DERECHO DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

La Cámara destacó que, si bien siempre ha promovido el respeto al derecho a la propia imagen, el marco jurídico mexicano también protege las libertades de expresión e información. “Tratándose de figuras públicas y de asuntos de interés público, el derecho a la propia imagen queda limitado para dejar espacios mínimos para la creatividad y el debate público”, señaló la institución.

En la práctica, obligar a los productores a obtener autorización previa para utilizar el nombre o la imagen de figuras públicas en contenidos narrativos o informativos altera drásticamente los procedimientos habituales de clearance de derechos y de aprobación de proyectos.

Canacine recordó que la industria siempre ha operado bajo el estándar respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Tal como se demostró en el caso del documental Presunto culpable, se estableció que no se requiere pedir permiso para usar la imagen de las personas en producciones de esta índole.

PRECEDENTE DE CENSURA PREVIA Y “DERECHO DE VETO”

Analistas y voces de las industrias creativas coinciden en que el fallo del IMPI enciende las alarmas. Ello, al establecer un precedente que podría interpretarse como censura previa y otorgar un “derecho de veto” a las figuras públicas. De quedar firme, cualquier persona con proyección pública podría exigir el retiro de su nombre de reportajes, libros o documentales si el contenido le resulta incómodo. Ello asfixiaría el periodismo de investigación y los proyectos basados en expedientes judiciales.

ANTECEDENTES

La controversia tiene su origen en la resolución definitiva emitida por el IMPI el pasado 27 de julio de 2026. En esta se falló a favor de Gloria Trevi contra la editorial Penguin Random House. La autoridad ordenó retirar de inmediato el nombre y el rostro de la cantante del libro Todo a la luz. El libro está escrito por Karla de la Cuesta, quien formó parte del llamado clan Trevi-Andrade. Karla de la Cuesta sufrió abusos, manipulación y explotación cuando era menor de edad. El libro y el uso de la imagen de Gloria Trevi tienen fines periodísticos o informativos.

Además, el IMPI impuso una multa superior a medio millón de pesos (aprox. US$ 29.300), con la amenaza de sanciones diarias adicionales. En respuesta, Penguin Random House presentó una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Esta acción derivó en la suspensión temporal de la medida.

El IMPI justificó su decisión apoyándose en la Ley Federal del Derecho de Autor para proteger la “propia imagen”. Se trata de un criterio que, según expertos, ignora los precedentes de la SCJN que priorizan el derecho a la información.

Finalmente, Canacine concluyó su pronunciamiento confiando en que las autoridades jurisdiccionales analizarán este asunto de manera integral. “Procurando preservar un marco jurídico que garantice el espacio indispensable para la creación de obras audiovisuales de carácter informativo, documental, biográfico e histórico”.