Nueva Ley de Cine y Audiovisual en México convierte a las productoras en patronos obligados

El panorama laboral de la industria audiovisual en México ha experimentado cambios profundos que obligan a las productoras a reestructurar sus modelos de contratación y de administración. El C.P.C. & C.P. S.S. Javier Sánchez, socio director de la firma especializada en el sector del entretenimiento Sánchez Quío y Asociados, S.C., señala que la promulgación de la nueva Ley de Cine y el Audiovisual a finales de mayo marca un parteaguas normativo.

De acuerdo con el artículo 7 de esta legislación, cualquier casa productora se considera automáticamente “patrona” al realizar una producción. Esto elimina la práctica de clasificar a todo el equipo como prestadores de servicios o como freelancers. Y obliga a las empresas a garantizar las condiciones laborales y la seguridad social.

ARMONIZACIÓN DE LEYES Y DERECHOS DE IMAGEN

Este cambio no viene solo. Sánchez explica que existe armonización entre la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Cinematografía y la Ley del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). Una reforma publicada el 14 de mayo de este año introduce, además, nuevas disposiciones sobre el uso de imagen, limitando estos contratos a un máximo de seis meses y estableciendo el pago de regalías adicionales.

Como antecedente, en 2021 se implementó una reforma laboral que eliminó la práctica del outsourcing. “Este cambio desvinculó a estas empresas que tercerizaban y vinculó directamente al trabajador con quien lo contrataba. Este cambio fue muy importante desde la administración pasada, en 2021. Y el pasado primero de mayo se anunció una modificación muy importante: la reducción de las jornadas de trabajo. Esto aplica para cualquier empresa”, agregó el experto.

IMPACTO EN EL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

El reconocimiento formal del empleo conlleva el pago de cargas sociales obligatorias, como el seguro social, el Infonavit y los impuestos sobre la nómina. Estos conceptos aumentan los costos laborales directos entre un 30% y un 32%. Como resultado, Sánchez estima un incremento real del 10% al 12% en el precio final de las producciones.

Además, las productoras ahora deben fungir como retenedoras ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), descontando el Impuesto sobre la Renta (ISR) directamente de los salarios y eximiendo al trabajador de presentar declaraciones mensuales por dichos ingresos.

SUBORDINACIÓN Y CONTRATACIÓN TEMPORAL

Sánchez aclara que la figura del trabajador independiente no desaparece, pero el factor determinante para clasificar a un trabajador es la “subordinación”. Si un colaborador cumple un horario, trabaja en un lugar específico y recibe órdenes directas (como suele ocurrir con técnicos de luces y sonido o con directores de arte), existe una relación laboral.

Para lidiar con la temporalidad propia de los rodajes, la ley permite el uso de contratos “por obra o por tiempo determinado”. Mediante este esquema, el trabajador recibe alta en el seguro social y prestaciones proporcionales únicamente por los días o semanas que dure su colaboración.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Un riesgo latente para las productoras es el de los servicios tercerizados, como el de catering. Estos proveedores deben operar bajo el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (Repse). Sin embargo, si el proveedor incumple sus obligaciones con sus propios trabajadores, la productora se convierte en “responsable solidaria”, y debe hacer frente a las obligaciones omitidas y a posibles demandas laborales.

Aunque la ley otorga plazos de 180 y 220 días para la publicación de reglamentos y lineamientos generales, el especialista llama a la urgencia. Destaca que la Ley Federal del Trabajo ya está en pleno vigor. Ante situaciones inmediatas como un accidente de trabajo o una demanda laboral, las productoras no pueden escudarse en la falta de reglamentos y deben responder de inmediato.

Finalmente, advirtió que las productoras extranjeras que deseen filmar en México no están exentas, ya que deberán aliarse con o contratar a casas productoras nacionales que cumplan rigurosamente con estas nuevas disposiciones fiscales y laborales.

EL LADO POSITIVO: CERTEZA Y PROTECCIÓN AL TALENTO

A pesar de los retos financieros y administrativos que esto representa para las empresas, la regularización tiene un impacto altamente positivo y necesario para el personal de la industria. Históricamente y de manera muy evidente durante la pandemia, gran parte del talento operaba sin una red de apoyo. Ahora, la ley busca que se reconozca verdaderamente la condición de trabajo, garantizando el acceso a un servicio médico y a un fondo de retiro.

Es decir, la informalidad generalizada en el audiovisual mexicano, irá encontrando canales hacia su regularización.

Incluso la autoridad ha diversificado las opciones para quienes sí mantienen un estatus real de trabajadores independientes, habilitando esquemas como el “seguro facultativo”. Esto permite a los profesionales pagar sus propias cuotas para acceder a la atención médica continua y a los beneficios de jubilación entre producciones.

Se trata de un camino que organizaciones gremiales y cámaras (Amfi, Canacine, entre otras) llevan años impulsando, pues también permite construir industria, acceder a incentivos y ofrecer servicios a empresas extranjeras, lo que otorga más certezas y seriedad.

Sánchez Quio y Asociados S.C. se especializa en brindar servicios administrativos y contables a diversos sectores, entre ellos el audiovisual, la construcción, el sector inmobiliario y el tecnológico financiero.